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| JOEL SIANCAS RAMÍREZ |
Por Joel Siancas Ramírez / SULLANA
ARTÍCULOS El estado
peruano ha emitido dos dispositivos legales buscando incentivar el otorgamiento
de líneas de financiamiento y cobertura de riesgo crediticio para el sector
empresarial, las cuales a nivel del sector microfinanciero las hemos recibido
con ávido entusiasmo al igual que los más de dos millones de clientes y sus
familias, quienes a la fecha solicitan a través de los diferentes canales de
atención los créditos anunciados en todos los medios de comunicación. Si bien el
objetivo del Estado Peruano es loable ante la situación económica actual, las
aplicaciones de los dispositivos emitidos dificultan su transmisión hacia los
clientes dado que los mismos recogen la realidad de una pequeña participación
de la cartera empresarial nacional y sobre todo del sector de la micro, pequeña
y mediana empresa debido a que:
Los
requisitos vinculados a demostrar la formalidad del negocio limitan el acceso
de los clientes, considerando que solo el 30% de los mismos demuestran algunas
aportaciones continuas a algún régimen tributario vigente o aún más conociendo
que la crisis devendrá en el surgimiento de nuevas empresas o negocios
familiares que aún no han generado alguna aportación y que el proceso
tributario les genera, a su entender, un sobrecosto.
Es
importante indicar que la cartera empresarial vigente al 29 de febrero de este
año, según estadística de SBS, en todo
el sistema financiero regulado asciende a S/196,620 millones, de los cuales el
88% pertenecen al sector bancario y de este universo el 68% de su cartera
empresarial corresponde a deudores corporativos y grandes Empresas. En cambio,
para el sistema microfinanciero, la cartera MIPYME asciende a S/22,515 millones
que representa el 98% de su cartera empresarial, es decir en la práctica la
totalidad de la cartera corresponde al sector emprendedor del país, los cuales
significan una masa muy grande e importante de clientes, que permiten que
millones de peruanos actúan desde niveles de subsistencia hasta empresas
sostenibles y dan masivo empleo, que siendo aun informal, pagan impuestos
indirectos, ya sea por la movilización de sus productos y negocios; así como el
consumo propio y de sus trabajadores, y
algo esencial en circunstancias normales no requieren apoyo del estado para
subsistir , de no contar con una palanca de apoyo se generarán empresas
quebradas, cerradas, incremento de la pobreza y convulsión social .
De acuerdo
al Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera de la SBS, los deudores del
sistema financiero regulado a Junio 2019 ascendían a 7.12 millones de deudores,
de los cuales el 37.5% corresponde a deudores de la micro y pequeña empresa, es
decir que aproximadamente 2.67 millones de deudores presentan créditos por
actividades de emprendimiento en la PYME y que en su mayoría han contratado
créditos con el sector microfinanciero y que de acuerdo a las condiciones de
elegibilidad de los clientes o de las entidades no podrán en su inmensa mayoría
ser sujetos a estas líneas de financiamiento.
Otro
indicador importantísimo a considerar es la capacidad de creación de nuevas empresas y emprendimientos que
surgen posteriores a las crisis, en el mismo reporte de inclusión se evidencia
que el número de micro y pequeñas empresas no solo ha crecido visto en forma
nominal, sino también en participación del total de deudores del sistema
financiero, así desde el evento del FEN Costero 2017 (el último evento de
resultados catastróficos en el país), el número de deudores se amplió en 380
mil deudores de micro y pequeños créditos en 02 años, y la participación pasó
de 35.19% a 37.48%, siendo el sector micro financiero que resulta en ser muy
inclusivo , ya que es quien más aporta a la bancarización de este segmento.
Por ende,
para llegar realmente a la necesidad de esos más de dos millones de empresas y
a los millones de personas que dependen de ellas, se requiere o un FAE ampliado
o un Reactiva II, comprendiendo realmente a este enorme segmento empresarial,
así:
Línea
adicional a lo existente de dos mil MM, que harían mayor sentido a la
necesidad, dirigidos hacia capital de trabajo.
Plazo de
pago a 48 meses, que el otorgamiento sea evaluado por las IFI, considerando las
deudas conjuntas en promedio del cliente en el sistema financiero.
Un periodo
de gracia entre cuatro y seis meses, además de que el cliente declare que no
utilizará los recursos para pre pagar deudas a las IFI (aplicación directa al
negocio).
Que se
otorgue a clientes calificados como Normal, CPP y aquellos que en los últimos
seis meses hayan caído en condición de deficiente (no olvidemos que la economía
no venia bien antes del COVID-19).
La cobertura
de créditos hacia las IFI sea considerada por tramos de tal forma que, a mayor
monto, menor cobertura (determinando mejor evaluación del cliente), podría ser
hasta 35 mil soles el 95%, hasta 80 mil soles el 90%, hasta 180 mil el 85% y
hasta trescientos mil el 80%.
Las tasas a
cobrar debieran ser una porción respecto del actual tarifario, ser administrado
por COFIDE con costo igual acotado, con abierta facilidad hacia las IFI, o solicitándoles
garantías parciales, no olvidemos que la facilidad y oportunidad es dirigida a
la enorme masa de clientes que lo requieren ante la evidente necesidad.
Lo que se
pretende es que sean sostenibles en el tiempo el mayor número de clientes y de IFI,
a ello bien puede generarse un reforzamiento patrimonial (en la medida que
atienden al sector de emprendimientos más vulnerable) que les permita generar
mayor cobertura aún a los que no formaban parte del sistema financiero y que
requieren hoy una palanca de apoyo ante la grave necesidad , generando con ello
mayor inclusión y la tenencia de cuentas en el sistema financiero como bien ha señalado en forma reiterada el
presidente Vizcarra.
Joel Siancas Ramírez es el actual presidente de la Caja Sullana y fue
durante varios años presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito. También es miembro de la Cámara de Comercio de Sullana.
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