El actual marco legal que regula y promueve la
asociatividad productiva está contenido en la Ley N.° 28846, Ley para el
Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados, publicada el 26 de
julio de 2006.
Esta norma establece un marco normativo para el
fortalecimiento y el desarrollo de las cadenas productivas y de los
conglomerados. En su artículo 5 señala que “El Estado, en el marco del Plan
Nacional de Competitividad, apoya el desarrollo de cadenas productivas y
conglomerados, para su inserción competitiva en los mercados internos y
externos. Todos los programas del sector público nacional, regional y local
brindarán, a cuenta de su presupuesto, apoyo a los actores económicos de las
cadenas productivas y conglomerados.”
Sin embargo, esta situación no se armoniza con la
realidad, pese a que la norma hace referencia expresa a que, la promoción y
desarrollo de las cadenas productivas deberá considerar todas las fases
productivas, solo en la medida que eso ocurra se garantizará el óptimo
funcionamiento de la cadena.
Por tanto, este sistema requiere de la participación
de los privados, pero el énfasis lo debe poner el Estado, implementando
políticas públicas de promoción que permitan la consolidación del desarrollo
ganadero, involucrando a un significativo número de peruanos que subsisten
gracias a esta actividad.
Al respecto, cabe señalar que conforme al “Estudio
de la Ganadería en el Perú-Análisis de su Estructura, Dinámica y Propuestas de
Desarrollo”, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Riego en el 2017, en
el Perú existen mayoritariamente pequeños y medianos productores de leche, 757
490 y 118 359 respectivamente, y 6071 grandes productores, distribuidos a nivel
nacional.
El proyecto de ley dispone que las distintas
entidades que conforman la administración pública en los diferentes niveles de
gobierno, en el ejercicio de sus competencias funcionales, desarrollen acciones
destinadas a propiciar al desarrollo y el fortalecimiento de la cadena
productiva ganadera lechera con el fin de garantizar la generación de proyectos
y programas destinados a promover la asociatividad bajo cualquiera de las
modalidades previstas en la legislación vigente y el desarrollo de los pequeños
productores ganaderos, para su posterior incorporación en la cadena productiva.
Además, deberán implementar exigencias y controles
sobre la calidad nutricional de los productos lácteos, de conformidad con las
normas técnicas nacionales e internacionales correspondientes.
Otro aspecto fundamental es que se deberá ser
garantizar el respeto a la libertad de contratación de los productores, en forma
individual o asociativa, así como de las empresas en cada una de las etapas y
actividades conformante de la cadena productiva, además de garantizar el
eficiente y eficaz abastecimiento de los productos lácteos.
La congresista Santillana sostuvo lo siguiente: “La
única forma de darle valor agregado a la producción lechera es a través del
desarrollo tecnológico, de contar con acceso al crédito, y de tener facilidades
como un sistema que garantice la cadena de frío y, con ello, la conservación de
la calidad de los productos”.
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