Por Juan Eduardo Gil Mora
El Perú en los últimos meses ha ido disminuyendo el
crecimiento económico constante que se ha observado en los últimos años; los
analistas económicos lo denominan como un proceso de desaceleración en nuestro
crecimiento, la cifra preocupante de esta desaceleración es el crecimiento
reportado para abril, con una cifra de 2.01%, que ha afectado la confianza de los
agentes económicos, como lo ha reconocido el propio gobierno.
Esta desaceleración tiene efectos directos y vinculantes:
menor inversión privada, reducción de las exportaciones y elevación del riesgo
país; en razón a ello el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Congreso
de la República un paquete de medidas para reactivar y dinamizar la
economía.
En realidad, el país requiere por lo menos crecer 6% o
más para tener un impacto sobre los niveles de pobreza y sobre el bienestar de la
población; cuando se crece a cifras menores, podría detenerse la reducción de la
pobreza y tener repercusiones en la salud y educación, básicamente.
El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo establece
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de las inversiones en el país que pretenden revertir los
resultados adversos experimentados en los meses del presente año. Este
proyecto de ley incluye desde aspectos laborales, impulso a las empresas, hasta
aspectos de simplificación tributaria, impulso a la inversión de grandes proyectos
(mineros, hidrocarburos, telecomunicación, construcción).
Sin embargo, dentro del paquete de medidas, llama
poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la
fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían deteniendo las grandes
inversiones.
Este paquete de medidas del Ejecutivo, propone la
flexibilización de la normativa ambiental y recorta las prerrogativas del Ministerio del
Ambiente (MINAM) y sus órganos de línea como son el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el
estado (SERNANP).
Lo anterior implica, regular las funciones del OEFA en
atención a las críticas y quejas del sector minero-energético, que observa su
desmedida severidad fiscalizadora y sancionadora. Para ello, se pretende que
OEFA reduzca las multas ambientales impuestas a un 35% del monto original durante
un período de tres años, y que la recaudación vaya directamente al Tesoro
Público y no al OEFA.
El Ejecutivo también plantea que sea el Consejo de
Ministros, y no el MINAM, el que decida en la creación de las Áreas reservadas y en la
fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles
(LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y
se refrendarán mediante decreto supremo.
El Perú, en los últimos años, ha tenido un avance
significativo en materia ambiental, específicamente en cuanto a normatividad y regulaciones
se refiere; se tienen ya aprobadas y en plena ejecución los estándares de calidad
ambiental (ECA) para agua, aire y suelo; se tienen los límites máximos
permisibles (LMP) para emisiones y efluentes que deben ser cumplidos por todos los
organismos y empresas que utilizan los recursos naturales en el país; sin embargo
con la propuesta del Ejecutivo, no sólo se retrocede en este importante avance
en la temática ambiental, sino que recorta competencias y funciones a los órganos
rectores en materia ambiental en el país como lo son el MINAM, el OEFA y el
SERNANP.
Estas medidas pretenden reducir las competencias
ambientales del MINAM y limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA); especialmente esta última Institución tiene la
suficiente competencia que le otorga su norma de creación de monitorear, fiscalizar,
vigiar y sancionar a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales;
y en el caso del MINAM, sancionar las opiniones vinculantes y no vinculantes de
los sectores para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
La propuesta de los cambios normativos, podrían, incluso
contravenir el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la
Ley de Áreas Naturales Protegidas, puesto que la propuesta sostiene que es la
PCM la que debe tomar decisiones sobre este particular.
Si bien es cierto que los EIA en su aprobación por las
entidades competentes tiene una traba burocrática que conduce a la exagerada demora,
en algunos casos años; sin embargo, esto no implicaría una flexibilización
exagerada a sólo unos meses; esto daría pie a que la inversión privada sea mayor,
empero a costa de una calidad ambiental restringida y la generación de pasivos
ambientales de alto costo para el país; consideramos que los EIAs deben conducir a que la
inversión sea con estricto respeto a la normatividad nacional y con planes de manejo
adecuados al tipo del recurso utilizado y con participación ciudadana; tampoco
esto implica una demora exagerada; sin embargo, se requiere no menospreciar o
descalificar la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.
Pues el paquete de medidas económicas, también prevé acortar a 30 días el
plazo de emisión de las
opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para
aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.
Hoy en día uno de los indicadores del desempeño en la
administración de los gobiernos del mundo, se miden por las estrategias
legislativas y administrativas para la conservación y uso sensato de sus recursos
naturales; no existe gobierno en el mundo que no cuide el patrimonio o capital natural
que debe servir para el desarrollo de sus pueblos.
La propuesta del Ejecutivo pretende, que la SUNAT condone
las moras y multas de deudas tributarias incobrables. Esta medida, beneficiaría
a 180 mil contribuyentes que ya no tendrían que pagar 20 mil millones de nuevos
soles en deudas (principalmente generadas entre 1998 y 2005). Con esta
acción se podrían sanear las cuentas financieras de muchas empresas liberándolas
del lastre de intereses acumulados, haciéndolas mejores sujetos de crédito y
capaces de invertir más.
Igualmente, se pretende seguir impulsando la inversión
privada en minería, hidrocarburos, telecomunicaciones entre otros, pues estos
sectores son los más rentables en el momento. Con las modificaciones
normativas se permitirá destrabar inversiones por hasta US$ 11,000 millones. Sin embargo,
es necesario plantear que no debemos depender exclusivamente de las inversiones
extranjeras para crecer.
Debemos mejorar y diversificar nuestra capacidad
productiva interna. Es también necesario recordar que la denominación de este año 2014
es: “Año de la promoción de la Industria responsable y el compromiso climático”.
La Industria responsable debe cumplir con las normas ambientales, con los
estándares de calidad ambiental, con los límites máximos permisibles y, sobre todo con
otorgar el valor agregado correspondiente; sin embargo, es necesario que el estado
impulse la industria responsable y no flexibilice las regulaciones que
brindarían oportunidad al incumplimiento de los ECA y LMP, sobre todo teniendo
instituciones tutelares débiles y con restricciones en sus competencias.
Entendemos que las medidas propuestas tienen objetivos
cortoplacistas para el gobierno de turno y para las empresas que pretenden
invertir pronto; es el caso de la imposición de los nuevos ECA de aire, que las
fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de
tecnología adecuada; es decir, como no quieren adecuarse a los nuevos estándares
ambientales existentes, porque ello requiere modificación de tecnologías, lo más
fácil es imponer que el estado flexibilice sus estándares de calidad en aire, sin
importar incluso la salud pública y los problemas de contaminación en agua, aire y
suelo que podrían ser generados; igualmente ocurre con las restricciones en las
competencias del SERNANP, puesto que con la propuesta será la PCM la que
tenga la última palabra en la creación de Áreas Naturales Protegidas, y
específicamente, es el caso de que en la franja costera norte (Tumbes-Piura), se tiene
prevista la creación de una nueva área reservada; sin embargo, en ese mismo escenario
existen 11 lotes de hidrocarburos; por lo tanto, es clara la intención de la
flexibilidad en esto temas y las restricciones al SERNANP.
El Perú, como casi todos los países de América Latina
viven del uso directo y en ocasiones con el escaso valor agregado de nuestros
recursos naturales; en realidad, no hemos aprovechado los beneficios de la renta
extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20
años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por
la caída de los precios de los minerales en países como China, se pretende
impulsar la economía a costa de debilitar las reformas en materia ambiental.
Constituye responsabilidad de las autoridades en los tres
niveles de gobierno, impulsar un modelo de desarrollo sostenible equitativo e
inclusivo que contemple el proceso de Ordenamiento Territorial, la definición de
competencias ambientales entre niveles de gobierno, el fortalecimiento de la
gestión ambiental institucional, la compatibilidad entre las inversiones y el desarrollo
armónico.
Juan Eduardo Gil
Mora.
Biólogo y Master en Ciencia y Tecnología Ambiental
Consultor en temas de Gestión Ambiental.
Email: mundoandino2005@yahoo.es
Teléfono: 984683302
