Por César Sánchez Martínez / LIMA
El
llamado Compromiso de Lima sobre la “Gobernabilidad democrática frente a la
corrupción destaca que la prevención y el combate a la corrupción son
fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho
en los países del hemisferio, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática
y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, impactando negativamente en
el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones. Los
jefes de Estado y de gobierno reafirmaron su compromiso con los tratados en
materia de lucha contra la corrupción, como la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción y
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En
tal virtud, los gobernantes se comprometen al fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática y a la transparencia, acceso a la información,
protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de
expresión. Eso supone una mayor claridad en el financiamiento de organizaciones
políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras
públicas, contrataciones y compras públicas; y la cooperación jurídica internacional
para el combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al
lavado de activos y recuperación de activos.
En
ese sentido, se buscará el fortalecimiento de los mecanismos interamericanos
anticorrupción y el seguimiento a los informes que periódicamente se producen.
Sobre
el fortalecimiento a la gobernabilidad democrática se pretende fortalecer a las
instituciones para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio, otorgando
a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño
de sus funciones.
También
fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares
interamericanos y universales aplicables en la materia, con la finalidad de
promover el respeto al estado de derecho y el acceso a la justicia, así como incentivar
las diversas políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial.
Ello
supone la promoción de iniciativas regionales en temas de educación, razón por
la cual urge impulsar la educación cívica en los países, con el respaldo de la
Organización de los Estados Americanos, mediante la Comisión Interamericana de
Educación.
El
Compromiso de Lima también propone desarrollar una cultura de transparencia,
participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento
de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de
toda la vida, implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los
diferentes niveles de los sistemas educativos, así como programas de educación
continua.
En el ámbito público se busca promover campañas
de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha
contra la corrupción y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para
combatirlas.
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