Asimismo,
en el marco del Acuerdo de París, el Perú se ha comprometido a reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % al 2030. Para cumplir esta
meta es necesario impulsar, entre otras acciones y políticas, la transición
energética basada en la promoción de energías renovables, así como el impulso
de la eficiencia energética. Por ello, la moción pide al Ministerio de Energía
y Minas liderar una planificación energética de largo plazo, que contemple un
aumento considerable de la meta de energías renovables no convencionales.
En el
marco de la declaratoria de emergencia climática nacional, elaborada con
aportes de diversas organizaciones de los pueblos indígenas, jóvenes y sociedad
civil, la comisión también recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), en coordinación con el Ministerio del Ambiente, la aprobación de un
precio a las emisiones de carbono. Este mecanismo permitirá responsabilizar
económicamente a quienes emiten gases de efecto invernadero y otros
contaminantes sin considerar las consecuencias ambientales y económicas que
ello genera.
Además,
incentivará a las empresas a que usen energías más limpias, para mejorar su
competitividad y reducir sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
Todo esto repercutirá en el cumplimiento de las metas climáticas asumidas por
el país. En esta línea, se pide también al MEF realizar una evaluación de la
política fiscal, que comprenda una disminución gradual de los subsidios a los
combustibles fósiles.
“La
crisis climática es el desafío más grande y complejo que enfrentamos como
humanidad. No podemos dejar las acciones para otro momento. Debemos actuar de
manera urgente, rápida y estratégica. Declarar la emergencia climática nacional
nos permitirá tomar las acciones necesarias para detener la deforestación, la
destrucción de hábitats, reducir emisiones contaminantes y transitar hacia
formas de uso de la energía y producción sostenibles, cumpliendo los
compromisos ambientales que el Perú ha asumido. Esto traerá beneficios
económicos y sociales adicionales y mejorará la competitividad del país”, dijo
Alberto de Belaunde, presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático del
Congreso.
La
comisión exhorta al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y al MEF a que
apoyen la planificación y el gasto público a fin de cumplir con las medidas
para la reducción del 40 % de las emisiones. Además, insta a los ministerios y
Proinversión a incorporar criterios de inversión climática inteligente y
responsable para todas las obras de infraestructura.
Igualmente,
consideran prioritario formular una normativa de ordenamiento territorial, que
garantice la participación de los pueblos indígenas, así como agilizar el
proceso de titulación y georeferenciación de las comunidades nativas, para
garantizar su seguridad jurídica y sus derechos de propiedad territorial
basados en los estándares internacionales sobre pueblos indígenas.
La
moción también pide al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego la aprobación
de la Política Nacional Forestal que prevea el financiamiento y asesoría
técnica para la expansión de los sistemas agroforestales e incentivos a la
agricultura sin deforestación.
Cabe
señalar que esta moción responde al llamado de las Naciones Unidas a declarar
la emergencia climática de los países, que ya ha sido realizado por más de 34
naciones, entre las que figuran Argentina, Canadá, Corea del Sur, España,
Francia, Irlanda, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Singapur y otros países de
la Unión Europea.
DATOS
• El Proyecto
de Ley 6953 busca promover la inversión en energías renovables (conocido como
RER) en el mercado eléctrico peruano. Plantea que el RER sea al menos 20 % al
2030 y 50 % al 2040. Además, promueve la producción de hidrógeno verde como
nueva alternativa de energía limpia.
•
Actualmente, la Comisión Especial de Cambio Climático lidera un proceso de
consulta con diversos actores, incluyendo al Minam y al MEF, para establecer la
hoja de ruta más adecuada para establecer el precio al carbono en el país. A la
fecha, el Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que aún no ha
establecido un precio a las emisiones de carbono.
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