Ponerla en vigencia a fines de este
mes, fue el compromiso personal e institucional adquirido por Pérez de Cuellar
durante la sesión virtual de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos
Reguladores, que preside el legislador Johan Pérez Villegas (PP).
La funcionaria señaló que “nos
encontramos en un momento crítico para el país y esta ley podrá evitar y
remediar efectos pasivos, además de resarcir los efectos nocivos de la falta de
competencia”.
“Esta ley no solo va a evitar efectos
nocivos que tienen ciertas concentraciones (empresariales) a nivel del país,
sino ayudar como instrumento muy potente para la reactivación económica. Estoy
convencida de que con mayor libertad de competencia se podrá salir de la crisis
en la que estamos”, puntualizó.
La legisladora Zenaida Solís (Partido
Morado), autora de la ley, recordó que están trabajando contra el tiempo. Esta
iniciativa se acumuló a otras similares de anteriores legislaturas, pero
finalmente fue dictaminada en octubre pasado.
“No tenemos tiempo, este Congreso
necesita asegurar que esta ley entre en vigencia ahora o quizás nunca, debe
entrar en vigencia ahora cuando todos los agentes del Legislativo y Ejecutivo
estamos alineados por la necesidad del país”, dijo.
El objetivo del DU 013-2019 era
contar con una norma que permita de una manera ex-ante la concentración
empresarial, que limite la competencia en el mercado que afecte a los
consumidores.
La Ley 31112, Ley que Estable el
Control Previo de Operaciones de Concertación Empresarial, permite cumplir con
el acuerdo del Consejo Directivo del Parlamento de fecha 20 de julio 2020, que
recomendó la derogatoria del DU 013 2019.
La iniciativa tiene como objeto
garantizar la velocidad mínima de conexión a internet de banda ancha, así como
reducir la asimetría de información en la decisión de consumo de dichos
usuarios y promover la óptima prestación del servicio de Internet, así como la
efectiva calidad y el monitoreo continuo del servicio brindado por los
operadores del servicio de internet.
La norma, de autoría de la
legisladora Cecilia García (PP), considera al Estado como promotor de la
inversión pública y privada debe facilitar las condiciones básicas para el
desarrollo de infraestructura que coadyuve al buen funcionamiento de los
servicios de internet.
El proyecto aprobado propone
modificaciones normativas a la Ley 29904, Ley de promoción de banda ancha y
construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica.
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