ECONOMÍA Por unanimidad, con diez votos a favor, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 6767, que propone modificar la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Fue en la sesión virtual que se realizó el miércoles 19 y estuvo conducida por su presidente el congresista Anthony Novoa Cruzado (AP). La referida iniciativa propone modificar el numeral 11.2 del artículo 11 de la Ley 27037 a fin de exceptuar a las empresas que prestan servicios públicos de electricidad del requisito de contar con sede central o domicilio fiscal dentro de la Amazonía. Las empresas que no tienen su sede central en este territorio pagarían IGV, pago que se carga en los recibos mensuales por consumo de electricidad.
Sobre el
alcance de actividades y requisitos, la propuesta señala que “para el goce de
los beneficios tributarios señalados en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la
presente ley, los contribuyentes a excepción de los que prestan servicios de
distribución y comercialización de electricidad y para los efectos del
beneficio previsto en el numeral 13.1 del artículo 13 de la presente ley,
deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento, el cual deberá
tomar en cuenta el domicilio de su sede central, su inscripción en los
registros públicos, que sus activos y/o actividades se encuentren y se realicen
en la Amazonía en un porcentaje no menor del 70 % del total de sus activos y/o
actividades”
Al respecto,
el congresista Marco Verde (APP) explicó que no se está creando una
exoneración, porque ya existe esta. “No se trata de un tema específicamente de
la ley de la Amazonía. Esa ley ya existe, simplemente se está haciendo una
modificación de uno de sus artículos para que el cobro sea equitativo en el
caso específico de las tarifas eléctricas”, afirmó.
NUEVA LEY REJA 50 AÑOS
Con la
participación de especialistas en la materia, se debatieron los proyectos de
ley que plantean una ley que uniformiza criterios para acceder al Régimen
Especial de Jubilación Anticipada (REJA) para desempleados en el Sistema
Privado de Pensiones; por lo que se examinó el contenido de los proyectos de
ley 7352 y 7599.
Antes, el
congresista Franco Salinas López (AP) sustentó el PL 07599, que propone la Ley
que uniformiza criterios para acceder al Régimen Especial de Jubilación
Anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, Nueva Ley Reja
50 años.
Salinas López
señaló que el objeto de la propuesta es uniformizar criterios para acceder al
Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) para desempleados en el
Sistema Privado de Pensiones que permita a los afiliados que cumplan con 50
años de edad, sean varones o mujeres, acceder a los fondos disponibles de sus
cuentas individuales de capitalización a fin de mitigar los efectos negativos
de la crisis sanitaria y económica que viene generando la COVID-19, para
revertir la desaceleración de la actividad económica, así como compensar las
pérdidas de empleo y los ingresos de las familias peruanas.
“El
beneficiario debe encontrarse desempleado durante 12 meses consecutivos o más,
y se considera que el valor total de dichos ingresos debe ser menor o igual a
14 unidades impositivas tributarias (UIT) para acceder al REJA”, agregó el
legislador al tiempo de solicitar su pronto dictamen.
Para dar sus
opiniones sobre los proyectos de ley participaron en la sesión representantes
del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP y del Banco Central de Reserva.
A su turno,
Elio Sánchez, superintendente adjunto de las AFP, opinó que la edad de
jubilación no debe obedecer a situaciones coyunturales, porque es una variable
paramétrica importante en el diseño de un sistema de pensiones y depende de
variables como la evolución del mercado laboral y los ingresos, la tasa de
aporte al fondo y el proceso de acumulación, los factores demográficos.
“La
determinación de la edad de retiro se realiza con miras al largo plazo y no
obedece a aspectos coyunturales como crisis financieras o pandemias que pueden
ser válidos, pero se deben resolver de otra manera”, señaló el funcionario al
tiempo de advertir que reducir la edad de acceso de los afiliados al REJA y JAO
deteriora la cobertura provisional del sistema de pensiones
Sobre los
referidos proyectos, Miguel Rivera, funcionario del MEF, sostuvo que la
reducción de la edad de jubilación reduce la posibilidad de acceder a mejores
pensiones, dado que afecta directamente al nivel de la CIC y consecuentemente
al nivel de la pensión. “Utilizar el sistema de pensiones para resolver
problemas como el desempleo desvirtúa el fin del sistema de pensiones que es la
protección del afiliado durante la vejez”, anotó.
Por su parte,
Adrián Armas Rivas, representante del BCR, afirmó que el incremento de la
esperanza de vida debiera conducir a un incremento de la edad de jubilación y
tomando en cuenta esta realidad, ya que la tendencia mundial es incrementar la
edad de jubilación.
“Los retiros
de fondos de los últimos años han afectado negativamente al sistema de
pensiones, lo que significa que muchos ciudadanos no tendrán acceso a los
recursos adecuados para sustentar sus gastos en la vejez”, agregó.
Mientras que
el congresista Novoa Cruzado sustentó la necesidad de aprobar una propuesta en
ese sentido, debido a que la realidad revela que para una persona de 50 años es
muy difícil conseguir trabajo.
AL ARCHIVO
Durante la
sesión, fue rechazado el predictamen recaído en el Proyecto de Ley
5635/2020-CR, Ley que incorpora a los alimentos procesados sólidos al ámbito de
aplicación del impuesto selectivo al consumo, por lo que se dispuso su
archivamiento.
Antes en el
debate, el congresista Ricardo Burga (AP) expresó su total rechazo a la
propuesta. “Proponer el incremento del ISC es un despropósito, porque esto solo
va a crear inflación y aumento a la canasta básica familiar, porque va a
significar el incremento del precio del arroz, fideos, pan, queso, gelatinas,
embutidos y todos los productos cárnicos”.
Por su parte,
César Combina (APP) opinó que la iniciativa debería volver a la comisión para
mayor estudio o en todo caso votado para ser archivado.
El legislador
Miguel Vivanco (FP) observó que el proyecto de ley es muy grave para la
economía nacional, porque se propone grabar desde el 1 % hasta el 150 % a
productos como el arroz y los fideos que son de consumo diario, lo cual va a
generar el incremento de precios de los productos básicos de la canasta
familiar.
“Lo que vamos
a generar es incrementar la inflación y no es momento, pues la población está
pensando en comprar oxigeno frente a la pandemia”.
ZONA FRANCA EN CHIMBOTE
En la sesión,
el congresista Otto Guibovich Arteaga (AP) sustentó el PL 07266, Ley que
declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la zona
franca de Chimbote.
Indicó que la
propuesta es crear la Zofra Chimbote para la realización de actividades
industriales, agroindustriales, de ensamblaje, de maquila y de servicios, con
la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del
departamento de Áncash, a través de la promoción de la inversión y el
desarrollo tecnológico.
“Es una
importante herramienta para atraer inversiones nacionales y extranjeras para
que dinamice la economía local, regional y nacional y genere empleo al promover
la industria de alto valor agregado”, dijo.
Posteriormente,
el congresista Luis Carlos Simeón Hurtado (AP) sustentó el PL 7684, que propone
la Ley que establece medidas de apoyo a la competitividad productiva
(Procompite).
“Es de vital
importancia a nivel nacional, toda vez que se estaría inyectando recursos
económicos”, refirió.
RECHAZAN CENSURA
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