“Esta brecha es
intolerable, tenemos que hacer que el acceso a internet sea ya una realidad
consagrado como derecho fundamental”, sostuvo.
“Sabemos de los esfuerzos
que se hace a nivel de ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros,
hay consenso para proponer una reforma constitucional y declarar el acceso a
internet como derecho fundamental”, anotó.
Para el efecto se aprobó el
texto sustitutorio del PL 2870 con el artículo único:
Incorporación del artículo
14 a) a la Constitución Política del Perú conforme al texto:
“El Estado reconoce el
derecho de toda persona de acceder a internet en forma progresiva y universal,
el Estado garantiza y promueve el acceso a internet y a la formación en las
tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la
inclusión social, priorizando su cobertura en las zonas rurales y
de frontera. Elimina el sector rural, como facilitador de otros derechos
fundamentales”.
El legislador Absalón
Montoya Guivin (FA) sostuvo que lograr el derecho al acceso a internet está
ligado a conseguir otros derechos fundamentales porque el internet es medio
facilitador para el derecho a la información, y abre puertas para el derecho a
la salud, educación y conocimiento, sobre todo en las regiones.
El legislador pidió
incorporar el texto aprobado a la Ley de Reforma Constitucional que se discute
en la Comisión de Constitución donde tendrá el peso necesario por ser propuesta
en mayoría y donde debe presentarse como dictamen conjunto.
Partida presupuestal para
investigación
La comisión aprobó, por
unanimidad, pedir mediante disposiciones complementarias, fondos adicionales
para profesores investigadores que desarrollen proyectos y/o que hayan ganado
concursos con sus trabajos de investigación.
El objetivo, sostuvo
Sagasti, es que estos profesores dedicados a la investigación
científica puedan percibir una cantidad adicional a sus recursos,
en justo y premio a la excelencia por haber conseguido en algunos
casos una donación por sus trabajos.
La propuesta, que será
incluida para su aprobación en el proyecto de Ley 6076/2020-PE Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, conlleva el apoyo de la
Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología al mencionado proyecto del
Ejecutivo.
Sagasti Hochhausler dijo
que se ha constatado que los recursos adicionales que llegan para investigación
y laboratorios (en las universidades) pasan por un proceso sumamente complejo.
En una universidad si
el investigador gana un concurso de fondos concursales, como el proyecto
no estaba considerado en la propuesta original, los fondos pasan a la
universidad y ésta tiene que pedir una ampliación presupuestaria. Una vez
aprobado, las autoridades recién pueden entregar estos recursos a los
investigadores.
En algunas oportunidades,
si el dinero entra a caja común, esos fondos se usa para otros fines, lo
que deja al proyecto que ganó en situación desventajosa, en cuanto
a tiempo y su posterior utilización en el proyecto de investigación.
“Los institutos de
investigación sufren también las mismas trabas. Se requieren medidas puntuales
para que el presupuesto 2021 dote de recursos adicionales que vienen de
fundaciones privadas para que estos puedan ser utilizados de manera célere y
flexible”, explicó el titular de la comisión.
Esta problemática fue recogida por la comisión de Ciencia en boca de los diversos
rectores, vice rectores y profesores investigadores.
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