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| ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA |
POLÍTICA La Comisión
Investigadora Multipartidaria conocida como Lava Jato, que preside la
congresista Rosa María Bartra, viene trabajando intensamente para presentar, a
más tardar en agosto próximo, un informe contundente sobre el caso de
corrupción más grande que se haya visto en América Latina y en el Perú. La acelerada
evaluación se hace diariamente en torno a 2,070 documentos recibidos y 1,779
documentos emitidos y más de 500,000 folios que se han digitalizado
hasta el momento. El alcance de la
investigación se refiere a presuntos sobornos, coimas y dádivas que habrían
recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, en
relación a las concesiones, obras y proyectos adjudicados a las empresas
brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y
otras por cualquier forma de contratación con el Estado peruano.
El conjunto de
proyectos, obras y concesiones suman alrededor de 15,979´147, 584.84 de
dólares, lo que es equivalente a 52 mil 300 millones de soles. Todo sucedió en
los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta
Humala, Pedro Pablo Kuczynski y hasta la presente gestión presidencial.
La referida
Comisión, que integran junto a Rosa María Bartra, los congresistas Karina
Beteta; Victor Andrés García Belaunde; Mauricio Mulder; Humberto Morales y
Gilbert Violeta, ha centrado la investigación en 11 líneas específicas.
Estas líneas son:
Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur, Línea 1 del Metro de Lima; Proyecto Olmos,
Proyecto Chavimochic, Central Hidroeléctrica Chaglla en Huánuco, Mejoramiento
de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura, Hospital Antonio Lorena
del Cusco, Centro de Convenciones de Lima, Línea Amarilla, Vías Nuevas de Lima
y el Centro de Convenciones de Lima.
Para cumplir con su
cometido, la Comisión Investigadora ha enviado 613 documentos a diferentes
instituciones del Gobierno Central, organismos descentralizados, gobiernos
regionales y municipales. Ha recibido 426 documentos y están pendientes 187.
Entre funcionarios,
personas naturales y personas jurídicas que, en el contexto de la
investigación, se les ha levantado el secreto bancario y bursátil así como la
reserva tributaria y el secreto de las comunicaciones, suman un total de 439.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha remitido 15 informes de
inteligencia y 10 documentos con contenido informativo y de forma general.
Actualmente se
viene procesando la información reciente así como los documentos pendientes de
recibir. También se analiza la diversa información por especialidad.
Los objetivos
generales y específicos están orientados a la determinación de responsabilidad
constitucional de presidentes de la República y ministros involucrados así como
la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios y particulares
involucrados.
“Las conclusiones
de todo lo investigado se sabrán, a más tardar, en agosto próximo cuando el
informe sea puesto a disposición del Pleno del Congreso y se comprobará el
esforzado trabajo que han realizado.
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