Los plazos son cada vez más cortos y el poco
beneficio de duda que se le dio a partir del tristemente recordado 7 de
diciembre pasado, comienzan a exigir innumerables políticas públicas que, de no
tomarse de manera inmediata, terminarán socavando un gobierno sin siquiera
haberse atrevido a mostrar sus cartas más importantes. En otros términos, o el
gobierno comienza a ejecutar políticas de alto impacto en la economía nacional
o ya puede ir pensando en el mejor modo de dar un paso al costado porque, la
población ya está perdiendo la paciencia y todo parece indicar que no hay más
margen de maniobra. No hay opción, la gente necesita acciones, hechos y no
palabras.
Desde esa óptica es imperativo, en primer lugar,
revertir la imagen del país, deteriorada los últimos meses de manera
significativa, marcada por una mediocre política exterior incapaz de responder
con efectividad los ataques externos ideologizados con claro interés de
desestabilizar el Perú. Guste o no aceptarlo, a nivel internacional la imagen
del Perú es la de un país secuestrado por un gobierno golpista y autoritario.
Por lo sencillo que parezca, no ha sido posible revertir esa imagen e informar
al mundo que el arribo a la Presidencia de la Sra. Dina Boluarte ha sido de sucesión
constitucional es prioritario.
A nivel internacional está clara la tarea, debe
reposicionarse la imagen del país y para ello es preciso trazar una estrategia
decidida y coherente a nivel de sus autoridades, de la cancillería, sus
embajadores y un mayor aproximamiento con los organismos bilaterales y
multilaterales.
A nivel interno, la necesaria tarea de ganar
capital político pasa por la capacidad del gobierno de leer de manera correcta
lo que la gente necesita, sus verdaderos vacíos y sobre esa base, trazar
políticas públicas que cierren esta enorme brecha entre lo que el gobierno hace
y lo que la sociedad demanda.
En esa línea de análisis, difícil de entender, por
ejemplo, que ningún gobierno precedente haya trazado una política consecuente
con el sector informal de la economía. De acuerdo a fuente oficiales
aproximadamente el 75% de la población económicamente activa se encuentra
trabajando en estas condiciones, sin derechos ni obligaciones, de espaldas al
Estado, desde la sombra de la informalidad.
Es de extrema gravedad que tres cuartas partes de
la población literalmente “no existan” para el Estado peruano, un país con
tantos recursos naturales, con todos los pisos ecológicos posibles y una
población joven y emprendedora, requiere de una gran política integral que
busque formalizar a una significativa parte de este 75% marginado.
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