Mientras el Congreso de la República aprobaba la nueva Ley General de Contrataciones Públicas que considera como alternativa de excepción a los convenios de gobierno a gobierno, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes declaraba que las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, los trenes de cercanías a Barranca e Ica, los trenes de Apurímac a Marcona, y de Chota a Eten, van a hacerse en el marco de esta clase de contratos. Como si la nueva norma fuese letra muerta e ignorando que cuando se convoquen esos proyectos, ya estará en vigor la nueva norma legal.
Ello, no obstante, es preciso indicar, que en el país no
hay proyectos de alta complejidad que no puedan ser ejecutados por los
ingenieros y las empresas nacionales como lo demuestra toda la infraestructura
existente que es obra de profesionales peruanos comprometidos con el desarrollo
del Perú, a quienes estas normas condenan a un coloniaje tecnológico
representado por otras potencias que disponen, como mejor les parezca, quiénes
de sus connacionales diseñan, ejecutan y supervisan las obras que se les
confía, tal como lo ha denunciado el Consejo Departamental de Lima del Colegio
de Ingenieros del Perú en su pronunciamiento público.
Como aparente barrera para nuevos “contratos de gobierno
a gobierno”, el Congreso de la República ha dispuesto que esta clase de
convenios solo pueden aplicarse para obras con un costo de más de 40 mil UIT,
lo que es una limitación muy pequeña que no cumple con ningún propósito de
evitar la proliferación de esta modalidad de contratación.
El modelo de “contratación de gobierno a gobierno” le hace mucho daño al país, a sus profesionales y a sus empresas. Al Perú, al sojuzgarlo de esta manera, los hacen dependiente de otros estados en materia tan sensible como lo es la de la construcción de la infraestructura. También, limita a los profesionales peruanos, al mantenerlos fuera de las más importantes obras, imposibilitados de acumular mayores experiencias y condenados a no poder sobrevivir con los trabajos realizados en el pasado. A las empresas porque las margina injustamente, las discrimina en su propio país y perpetra contra ellas un grave atentado de consecuencias tan nefastas como las del terrorismo, al dejarlas sin la posibilidad de incrementar sus experiencias a las que la propia normativa –equivocadamente por cierto– les impone una fecha de expiración de tal suerte que al cabo de diez años ya no pueden ser utilizadas para acreditar los trabajos realizados, con lo que no solo les impide competir sino que virtualmente las expropia y les resta valor en el mercado donde cada compañía vale en función de la experiencia que tiene.
El modelo de “contratación de gobierno a gobierno” le hace mucho daño al país, a sus profesionales y a sus empresas.
Los “contratos de gobierno a gobierno” no existen en ningún país del mundo. Se implementaron en el Perú a propósito de los Juegos Panamericanos del 2019 de cuyos resultados, adicionales y sobrecostos queda todavía mucho por aclarar. Pero se aprovechó de esa experiencia que se vendió como exitosa con el objeto de replicar el modelo en forma indiscriminada por todo el país. La reconstrucción del norte se encaró, al igual que los hospitales “Antonio Lorena” del Cusco y “Sergio Bernales” de Collique (Lima), el viaducto Santa Rosa y la Carretera Central, como si los ingenieros peruanos no pudieran ejecutar todas estas obras.
La tecnología extranjera es siempre bienvenida en el país,
pero a condición de que se implemente a través de consorcios conformados en
forma proporcional por las empresas foráneas con las nacionales para que la
transferencia de conocimientos, allí donde pueda producirse se efectúe de
manera fluida en ambos sentidos, pues los peruanos también tienen para
enseñarles lo que conocen de la realidad en la que se desenvuelven y en la que se
han desarrollado. Pensar en legados en condiciones distintas es totalmente
utópico.
Lo que no es utópico es el peligro que se cierne al darle
banderas de reivindicación en defensa de lo nacional a los grupos radicales que
pueden explotar esta injusta discriminación en beneficio de sus propias causas,
lo que sería imperdonable. Van a aducir que el país está gobernado por el
capitalismo internacional y sirviendo a sus intereses, ofreciéndose ellos como
salvadores de los trabajadores y profesionales peruanos.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
GERMÁN LOYAGA ALIAGA, periodista peruano especializado en Economía con una experiencia de más de 25 años. Ha sido
director de Comunicaciones del entonces Ministerio de Pesquería, Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y Cámara Peruana de la Construcción,
entre otras instituciones públicas y privadas. En la actualidad es el director
del portal especializado en Economía “Brújula Económica”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario