Los
integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso de la
República, destacaron los avances educativos en seguridad escolar, luego que el
ministro de Educación, Jaime Saavedra informó sobre los diversos programas
educativos que se realizan en el marco del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana.
Este plan
que incluye aspectos de seguridad vial, prevención contra la violencia
familiar, escolar y contra el consumo de drogas y alcohol, así como
medidas educativas como la ampliación de la jornada escolar, la
alternancia y deporte, también fue ponderada por el presidente de
ese grupo de trabajo, Fernando Andrade.
En
seguridad vial se ha capacitado a 2,360 docentes en siete regiones para
beneficiar a cerca de 60 mil estudiantes. Para el efecto, entre los años 2013 y
2014, existe una inversión de 2 millones 850 mil soles.
En el
tema de violencia escolar, expuso el ministro, se ha coordinado con 30
organizaciones gubernamentales, con la cooperación internacional y
la sociedad civil para cumplir los objetivos de “Menos Violencia” y “Mejores
Logros de Aprendizaje”. Con ello se busca que cualquier víctima reporte el
incidente y que se monitorea mediante una plataforma virtual que
registra, atiende y hace un seguimiento a los casos de violencia escolar. En
este aspecto se han detectado cuatro casos de violencia escolar con armas de
fuego.
También
se ha fortalecido el programa de Municipios Escolares y con apoyo del
Ministerio Público se ha formado a fiscales escolares y los fiscales escolares
ambientales. En la ejecución del programa contra el consumo de drogas y alcohol
han participado más de 460 mil escolares, 20 mil docentes y 750
instituciones educativas.
Para
combatir la deserción escolar, especialmente en comunidades alejadas, se
han puesto en marcha programas alternativos. También se buscará
ampliar la jornada escolar de 35 a 45 horas a fin de mantener al
estudiantado más tiempo en su centro educativo lo que incluye más horas de
enseñanza del idioma inglés, matemáticas, comunicaciones, formación ciudadana y
cívica y la implementación de la educación para el trabajo.
Parte de
esa estrategia es el programa “Escuela Amiga” que busca mejorar la convivencia
escolar en sus diferentes actividades. En el caso de las
universidades dijo que por su autonomía sólo se les puede sugerir.
Dijo que
todas estas reformas implican mejorar la infraestructura
escolar y que para ese efecto se requiere contar con un presupuesto de 60 mil
millones de soles, con el fin de mejorar, ampliar y para el mantenimiento. Esta
inclusión social también comprende un programa de deporte y recreación.
Tras la
exposición, el congresista José León reconoció que se han iniciado
reformas importantes, pero preguntó sobre la fecha de aplicación de la
ampliación de la jornada educativa, pues dijo que en los penales el 90%
de los internos solo tienen educación primaria lo que demuestra que la
delincuencia se presenta en los sectores con menor formación educativa. También
recomendó iniciar un debate sobre la regulación de los programas de
televisión que afectan a la niñez por la violencia que difunden.
El
legislador Renzo Reggiardo pidió que en cada colegio debería haber,
por lo menos, dos sicólogos y propuso reducir la edad del joven a 16 años,
con el fin de que pueda ser penalizado por su participación en actos
criminales. El congresista Heriberto Benítez (I) dijo que se debe trabajar para
que la Educación Pública supere a la Privada y se mostró en desacuerdo
con la reducción de la edad al joven para ser penalizado.
El
congresista Elías Rodríguez también se
pronunció a favor de reducir la edad al joven, pero también por mayores
sanciones a los mayores que los utilizan. El legislador Leonidas Huayama saludó
el informe del ministro y también convino en que no se solucionan los problemas
siendo más drásticos. Su colega Teófilo Gamarra
también felicitó al ministro por el avance de los programas contra la
violencia escolar y anotó que ahora hay más confianza en el futuro
de la juventud.
Finalmente,
el presidente de la comisión preguntó sobre el proyecto de ley propuesto por el
Poder Ejecutivo sobre reinserción laboral que propone como requisito tener
secundaria completa.
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