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| Alda Lazo Ríos de Hornung, segunda vicepresidenta del Congreso de la República del Perú |
Es una buena noticia para todos los ciudadanos, que hoy se promulgue el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero la labor no acaba el día de la publicación de la norma en el diario oficial El Peruano, al contrario, ahora empieza la tarea de divulgarlo entre los ciudadanos para que entendamos todos que estamos ante una nueva forma de ver al consumidor peruano, sostuvo la Segunda Vicepresidenta del Congreso Alda Mirta Lazo de Hornung.
La parlamentaria de dijo que el Código de Consumo permite que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y mecanismos efectivos para su protección; reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.
Lazo de Hornung destacó que con la nueva normativa el consumidor peruano será protegido no solamente cuando se encuentra dentro de una relación de consumo, sino también cuando se encuentre expuesto a ella.
“El Código establece que el Estado reconoce la vulnerabilidad del consumidor y que sus acciones se orientan a proteger sus legítimos intereses y a que tenga un rol activo en el mercado. Se ha incluido también que el Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de los conflictos entre proveedores y consumidores, a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos y mediante procedimientos administrativos ágiles, expeditivos y eficaces” comentó la legisladora.
Señaló que estos nuevos derechos del consumidor peruano y por ende nuevas obligaciones de los proveedores y de los organismos reguladores de los servicios públicos y del Indecopi traen una necesaria adecuación no sólo de las instituciones públicas o privadas involucradas en la Defensa del Consumidor sino también de parte de los proveedores de bienes y servicios y para ello se hace indispensable una mirada diferente al consumidor peruano, tarea en la cual, por sobre todo, el Estado debe promover la divulgación del Código de Consumo, llegando hasta el lugar más alejado donde se realiza una relación de consumo.
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