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| MARISA GLAVE REMY |
La legisladora
Marisa Glave Remy, solicitó sanciones más drásticas para solucionar el tema de
pasivos ambientales que están ocasionando graves problemas al medio ambiente y
la salud de todos los peruanos. Fue durante el foro público “El Rímac en
Peligro, Problemática de la Cuenca del Río Rímac”, evento en el que comentó su
proyecto de ley que propone impedimentos para solicitar nuevos petitorios
mineros si al término de 6 años el generador del pasivo no hubiese ejecutado
sus respectivos planes de cierre y remediación de sus pasivos ambientales. Son considerados
pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o
inactivas, cualquiera sea el momento en el que se hubiesen generado y que
constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el
ecosistema y la población.
LIMA CONSUME AGUA
CONTAMINADA CON ARSÉNICO
Durante esta
actividad los comuneros de San Mateo de Huanchor (ubicado a 90 Km, de Lima)
denunciaron que los relaves del cerro Tamboraque son un claro ejemplo de cómo
las empresas aprovechan los vacíos normativos ante la desidia del propio Estado
que ha permitido la acumulación de toneladas de residuos mineros a escasos
metros del lecho del río Rímac.
Estos relaves son
acumulaciones procedentes de los centros mineros de la parte alta de Matucana,
donde opera la empresa Qoricancha y están a orillas del río Rímac de donde la
empresa del agua SEDAPAL toma agua para el consumo de los habitantes de la
ciudad de Lima
En igual situación
se encuentran los pobladores de Millotingo y Pacococha, lugares en los que
existen pasivos ambientales abandonados desde hace 30 años; y que contaminan el
río Aruri, un afluente del río Rímac, por lo que se colige que el agua que
llega a la población limeña se encuentra contaminada con diferentes minerales
peligrosos para la salud.
A nivel nacional
existen 8 mil 554 Pasivos Ambientales Mineros (PAM); dos mil 40 son
considerados de alto riesgo y tres mil 158 de muy alto riesgo. Más del 80% de
estos se encuentran sin responsables identificados.
Ante la
problemática descrita, la congresista Glave propuso que el inventario de
pasivos ambientales mineros que se encuentran a cargo del Ministerio de Energía
y Minas, pase en un plazo de dos años de manera obligatoria a cargo de la OEFA,
para realizar las visitas y fiscalizaciones de manera constante.
En el caso de los
pasivos ambientales de alto riesgo, las autoridades podrán exigir que se
mitigue los daños que ocasionan, incluso antes de que se aprueben los planes de
cierre. Si representan una grave amenaza para la salud y el ambiente, el Estado
podrá intervenir y posteriormente, los gastos serían cobrados a la empresa
responsable.
Esta iniciativa
podrá hacer la diferencia porque actualmente el Estado se hace responsable sólo
de los pasivos que tienen responsables identificados, comentó la legisladora.
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