Las
operadoras —que no fabrican los equipos y solo importan una parte de ellos— no
pueden asumir una obligación que recae en los fabricantes, quienes responden a
las preferencias globales de los usuarios y como tal no debe restringirse la
libertad de elección del consumidor y además perjudicar a la población de
menores ingresos, que verá limitado su acceso por el incremento del costo del
equipo, según los ejecutivos de la AFIN.
“En
lugar de limitar el mercado, el Estado y las radiodifusoras podrían promover
campañas educativas que fomenten el uso de la radio en emergencias, sin
comprometer el cumplimiento de tratados comerciales ni perjudicar a los
consumidores”, anotaron.
Asimismo,
continuó, exigir 72 horas de respaldo energético para la infraestructura de
telecomunicaciones en zonas de riesgo —prácticamente todo el país por su
sismicidad— desconoce la realidad del déficit energético existente, más del 70%
de interrupciones -sin solución hasta el momento- generando sobrecostos y
afectaciones ambientales sin resolver la verdadera causa de las interrupciones
del servicio.
“Resulta
igualmente impreciso suponer que esta funcionalidad garantice la atención en
emergencias. El país requiere un sistema autónomo especializado, independiente
de las redes comerciales, una necesidad pendiente desde el terremoto de Pisco”,
sostuvo.
Finalmente,
advirtió que preocupa la tendencia a trasladar al sector privado
responsabilidades del Estado en materia de seguridad ciudadana o control
penitenciario, incrementando la sobre regulación sin beneficios reales para la
ciudadanía.
“Invocamos
al Congreso a instalar mesas técnicas que permitan evaluar estas propuestas con
mayor profundidad, promoviendo un diálogo constructivo con el sector privado.
La voluntad de colaborar existe; lo que hace falta es ser escuchados”, apuntó.
(Agencia ANDINA).
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