lunes, 26 de diciembre de 2016

SE CUMPLIERON 20 AÑOS DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO

En 1991 se inició la reforma financiera en el Perú. Una tarea de largo aliento que incluyó la disolución de la Banca de Fomento, el otorgamiento del rol como banco de segundo piso a COFIDE, la creación del Fondo de Seguro de Depósitos, del sistema de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, y del Sistema Privado de Pensiones, y la eliminación de cualquier control a las tasas de interés. Además, se apuesta por la libre competencia y la igualdad de trato, tanto para las inversiones nacionales como extranjeras, la introducción de la regulación prudencial y la adopción de recomendaciones del Comité de Basilea.

Es importante destacar que estas reformas se empiezan a dar en una coyuntura complicada para el país, caracterizada por una severa crisis económica, desabastecimiento de productos de primera necesidad, precios elevados, importante déficit fiscal, baja presión tributaria, baja intermediación financiera (se llegó a niveles menores al 3% en lo que respecta al ratio Créditos / PBI), como consecuencia de la existencia de límites a las tasas de interés, lo que generó a su vez una elevada informalidad financiera.
LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO
En 1996 se profundizó la reforma financiera iniciada en 1991. En diciembre de ese año se publicó la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 26702). Esta norma se emitió con el objetivo de fortalecer el sistema financiero y consolidar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su calidad de órgano rector y supervisor del sistema financiero nacional.
El fin último es contribuir en mayor medida al desarrollo nacional. Así, esta Ley incorporó recomendaciones relacionadas con el Acuerdo de Basilea de 1988 y 1991. Entre ellas está la regulación para la administración del riesgo crediticio y riesgo de mercado.
Además, se incluyó también la supervisión no sólo a los intermediarios financieros sino también a las empresas que forman parte del mismo conglomerado. Es decir, se apuntó a lograr una supervisión consolidada.
Estas y otras reformas, aunadas al buen desempeño macroeconómico del país han colocado al sistema financiero peruano entre los más dinámicos y sólidos del mundo, con excelentes indicadores de calidad de la cartera crediticia, solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad. Una situación positiva que se ha venido sosteniendo en el tiempo hasta el día de hoy.
A ello se suma el esfuerzo constante por innovar, crear nuevos productos financieros, canales de atención, buscando satisfacer las necesidades del consumidor y mejorar la calidad de los servicios para más peruanos. Un ejemplo de ello es la billetera electrónica o billetera móvil (BIM), lanzada a inicios de este año por los bancos asociados a la Asociación de Bancos (ASBANC) en coordinación con otras entidades del sistema financiero.
Estos últimos invitados a incorporarse a esta iniciativa; mostrando así, un gesto de desprendimiento del sistema bancario en beneficio del país. El dinero electrónico es una herramienta potente e interoperable a través de la cual se puede realizar operaciones seguras mediante los teléfonos móviles, prescindiendo del uso de efectivo o de otros medios.
Asimismo, la actual normativa del sistema financiero permite que el Perú cuente con el mejor entorno para la inclusión financiera. Así lo sostuvo la última versión del Microscopio Global 2016, reporte que evalúa el entorno normativo y regulatorio para la inclusión financiera en base a doce indicadores de 55 países.
En este estudio se examina el ambiente institucional y las políticas públicas que promuevan que la oferta de productos financieros llegue a sectores de la población de bajos ingresos. El Perú se ha ubicado en el primer lugar; un reconocimiento que ha venido recibiendo consecutivamente en los últimos 9 años.
Así, al revisar cada uno de los indicadores que comprenden el reporte señalado en el párrafo anterior, vemos que nuestro país lidera la lista en varios de ellos como por ejemplo en la capacidad de regulación y supervisión para la inclusión financiera, regulación y supervisión de carteras de crédito, regulación de seguros dirigidos a poblaciones de bajos ingresos, regulación y supervisión de sucursales y agentes corresponsales, sistemas de información crediticia, reglas de conducta de mercado y mecanismos de reclamación y operación de los mecanismos de resolución de controversias.
HACIA EL FUTURO
Para continuar con un sistema financiero robusto es vital que se continúe con el fortalecimiento de las instituciones defensoras del consumidor y la transparencia de la información. En este punto importante resaltar que la banca viene trabajando mediante iniciativas como el Sistema de Relaciones con el Consumidor de ASBANC. Además, el marco normativo debe seguir promoviendo el ingreso de más entidades financieras al país y proteger al mercado de cualquier intento que busque introducir distorsiones como son los topes a las tasas de interés. Todo ello permitirá alcanzar el gran objetivo que se requiere, impulsar la inclusión financiera en el país.
Asimismo, consideramos que existen aspectos que pueden mejorarse y en los cuales se debe trabajar, los mismos que se resumen en los siguientes puntos:
Se debe tomar en cuenta los costos que las entidades financieras asumen como consecuencia de los nuevos marcos regulatorios que exigen mayor cantidad de información que debe remitirse a los supervisores. En este punto, si bien se valora la información que es solicitada, es necesario que se considere que la suma de normas y cambios en la supervisión y regulación pueden significar una carga excesiva que complique las operaciones, las encarezca e induzca el surgimiento de mayor informalidad.
En la historia, las entidades financieras privadas han demostrado una alta proactividad y vocación por el cambio y la innovación en la búsqueda de adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores. Un esfuerzo que debe ser acompañado por las normas en el sistema. Asimismo, en este contexto de cambios tecnológicos e innovación financiera han aparecido 3 nuevos actores que prestan servicios financieros en competencia directa con la banca, pero que no cuentan con la debida supervisión y exigencias estatales. Acá el gran desafío es tener una regulación equilibrada que busque igualdad de condiciones entre los que participan en el mercado, no traiga costos excesivos al sector, se preserve la rentabilidad, no inhiba las innovaciones financieras y contribuya al crecimiento económico y al acceso al sistema bancario.
COOPERATIVAS
Otro desafío es la incorporación de las Cooperativas de Ahorro y Créditos a una supervisión plena por parte de la SBS y de ese modo poder conocer de manera clara la fortaleza financiera de esas instituciones y así mitigar los riesgos que se pueden generar en el sistema financiero.
Igualmente, de importante que los puntos anteriores, es el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la información sujeta al secreto bancario en caso de operaciones sospechosas de lavado de activos. Así, el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria -con arreglo a Ley y para fines de inteligencia financiera- es una medida vital para el combate del tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. El que la UIF tenga acceso a dicha información permitirá elaborar mejores informes para el Ministerio Público y la reducción de plazos de la investigación. También impedirá que los investigados tomen acciones que imposibiliten la eficaz y oportuna acción de la justicia contra ellos o su patrimonio. A ello se suma que el Estado podrá cumplir con estándares, recomendaciones y compromisos internacionales; y a su vez cumplir con un requisito para el ingreso del Perú a la OCDE; entre otros.

Finalmente, si bien es importante reconocer los avances alcanzados en los últimos años, aún hay mucho por hacer para superar los obstáculos presentes, y para ello se requiere la suma de esfuerzos del sector público y privado, en tanto se orienten a solucionar las deficiencias estructurales nacionales, como los importantes niveles de pobreza e informalidad, déficit de garantías, altos costos de transacción como consecuencia de insuficiente infraestructura vial y de comunicaciones, y una baja educación financiera. El potencial de nuestro país y de nuestra banca es enorme, por lo que debe trabajarse en conjunto y rápido para alcanzarlo.

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