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Por Zahid Hasnain / WASHINGTON
Los gobiernos
de todo el mundo están adoptando medidas financieras de emergencia para
respaldar su respuesta a la pandemia de COVID-19. Una pregunta que ha surgido
en los debates sobre políticas es: ¿la partida de sueldos del sector público,
que representa alrededor del 8 % del PIB y el 30 % de los gastos
gubernamentales a nivel mundial, debería reducirse para financiar en parte esta
respuesta de emergencia? Los gobiernos de Brasil y Uruguay, por ejemplo, están
estudiando disminuir los salarios del sector público, y en Montenegro se ha
suspendido el pago de algunas prestaciones que reciben los funcionarios
públicos. ¿Es esto una buena idea?
En diversos países, los
trabajadores públicos son un grupo privilegiado. Tienen protecciones laborales,
y en promedio reciben salarios un 20% superiores a los que ganan sus pares en
el sector privado. Por lo tanto, resulta tentador para los encargados de
formular las políticas y el público en general pensar que los trabajadores
públicos tienen que sacrificarse por el bien común. Sin embargo, esa decisión
debería fundamentarse en las consideraciones siguientes.
En primer lugar, el sector
público es un empleador importante, y proteger todos los trabajos tanto
públicos como privados, es una prioridad en este momento. El Banco Mundial
estima que en el mundo los empleados del sector público representan alrededor del
15% del total de trabajadores y el 30% de los trabajadores asalariados.
Cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la
fuerza laboral generará un impacto significativo. La partida de sueldos del
sector público es una medida contra cíclica natural que debería mantenerse. La
prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los
trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma
generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan
mayor protección.
En segundo
lugar, los funcionarios públicos representan una gran parte de servicios
esenciales para responder a la crisis en la primera línea. Por ejemplo,
según datos del Banco Mundial, aproximadamente el 30 % de los trabajadores
públicos corresponde a profesores y el 12 % a personal sanitario en
10 países de América Latina. En la misma región, casi la mitad de los
médicos trabaja en el sector público. Si además se consideran los ingenieros,
policías, funcionarios de bienestar, funcionarios fiscales, trabajadores de las
empresas de servicios públicos y trabajadores de extensión agrícola, se pueden
presentar argumentos de peso para entregar una remuneración adicional a estos
empleados (en vez de recortes de salarios o prestaciones) con el fin de que
sigan trabajando horas extras y proporcionen los servicios que se necesitan con
urgencia.
En tercer lugar, cuando los
países enfrentan una escasez crítica de personal esencial para responder a la
crisis, los gobiernos deberían redistribuir a los actuales funcionarios,
reducir la burocracia para permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y
responsabilidades en vez de imponerles recortes y despidos. Desafortunadamente,
muchos gobiernos no cuentan con sistemas de datos y tecnología, la flexibilidad
en las reglas de recursos humanos o la coordinación para redistribuir su
personal en un periodo breve. Esta situación exige tener una estrategia de «no
causar perjuicios» en el corto plazo, con el objetivo de crear capacidad
institucional para responder a tales emergencias a mediano y largo plazo.
Por último,
una reducción del personal del sector público durante la crisis podría impedir
el proceso de recuperación posterior a la crisis, en téminos económicos y otros
indicadores sociales. En muchos servicios y funciones, especialmente en la
educación, e tendrá que compensar el tiempo perdido y se necesitará un mayor
apoyo y una mayor gestión para hacerlo con eficacia. Sabemos también a partir
de crisis fiscales pasadas que las medidas de corto plazo, como los recortes de
personal y remuneraciones, crean distorsiones a largo plazo en el empleo y los
salarios del sector público dado que no cambian los incentivos políticos y
burocráticos subyacentes.
La crisis
provocada por el COVID -19 ha subrayado la importancia de tener instituciones
públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las
personas. Además, ha expuesto de manera dramática y trágica
vulnerabilidades existentes en la capacidad del Estado, tanto en los países de
ingreso alto como en los países de ingreso bajo. Después de que se supere la
pandemia de COVID-19, es probable que muchos países tendrán que hacer reformas
importantes en el sector público para poder gestionar mejor la próxima crisis.
(Banco Mundial)
El
autor es especialista senior del Sector Público y Gobernanza del Banco Mundial.
Es líder mundial en Gestión de Recursos Humanos en el Grupo del BM, donde lleva
15 años trabajando en la reforma de la administración pública, el desempeño del
sector público, la gestión financiera pública, la transparencia y la rendición
de cuentas, y la gobernanza digital. Ha publicado varios artículos en revistas
revisadas por pares sobre estos temas, fue miembro central del Informe sobre
Desarrollo Mundial 2016 "Dividendos digitales", y ha dirigido
proyectos analíticos y de préstamos para el Banco Mundial en Albania, Bosnia y
Herzegovina, Indonesia, Mongolia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas,
Serbia y Vietnam.
Zahid tiene una licenciatura en física y
gobierno de la Universidad de Cornell, una maestría en desarrollo de la
Universidad de Cambridge y un doctorado en ciencias políticas de la Universidad
de Chicago.
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