En la sesión se expuso dos posiciones, por un lado, quienes están a
favor de la ratificación de dicho acuerdo, porque permitiría el acceso a la
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales y, por el otro, quienes rechazan la ratificación, ya que podría ser
una amenaza para la soberanía nacional.
Sin embargo, el congresista Gilmer Trujillo Zegarra (FP), presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores, resaltó la importancia que la decisión de
adherirse no tenga un sesgo político.
Lo dijo haciendo referencia a la posición de Chile, que, siendo
propulsor de dicho acuerdo, no lo ha ratificado, mientras que solo diez países
sí lo han hecho.
“El tema de Escazú tiene un tema ideológico. ¿Cuál es el sesgo
ideológico de la CEPALl?, ¿cómo es que ellos lideran Escazú de una manera
predispuesta a exponer una posición clara?", dijo el legislador.
Antes Lucía Ruiz Ostoic, exministra del Ambiente, indicó que el vecino
país sureño no ratificó el acuerdo, porque se dio el cambio de Gobierno. Fue en
alusión a la pregunta planteada por el congresista Orestes Sánchez. “Siendo
Chile uno de los países propulsores, y si el acuerdo es bueno, entonces ¿por
qué no ha podido suscribir este acuerdo?”, cuestionó el parlamentario.
Por otro lado, el congresista Alberto de Belaunde De Cárdenas (PM) puso
en discusión el elemento de competitividad asociado a la ratificación. “¿Cómo
afectaría al país el hecho de no ser parte de este acuerdo frente a grandes
inversiones en actividades extractivas con impacto en temas ambientales?”,
preguntó, al tiempo de observar si traería consecuencias en la competitividad
del país para atraer inversiones en comparación a otros países de la región.
“Hay gente que piensa que se perjudicaría las inversiones. ¡No señores!
sería al contrario, porque el conocimiento evita la conflictividad”, dijo la
exministra del Ambiente.
Ruiz Ostoic informó que el Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico,
pionero en materia de protección ambiental y derechos humanos en asuntos
ambientales. Busca garantizar la implementación plena y efectiva de tres
derechos de acceso en materia ambiental: acceso a la información, a la
participación pública y a la justicia.
“Vincula los derechos humanos y la protección del ambiente, no es una
amenaza a nuestra soberanía, expresamente reconoce la soberanía permanente de
los estados sobre sus recursos naturales, no crea nuevos procedimientos para
demandar al Estado, no amplia la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y no nos incorpora a la jurisdicción de la Corte Internacional
de Justicia” dijo, al tiempo de subrayar que el Perú se ha acogido a la
jurisdicción de la CIJ mediante Resolución Legislativa 28011 (17-06-2003).
Entre las oportunidades que nos brinda Escazú, reveló que, a mayor acceso
a la información, mayor transparencia; en tanto que a mayor transparencia,
menor corrupción y menor manipulación; en tanto que, a mayor participación
pública en la toma de decisiones, menor conflictividad, y a menor
conflictividad, inversiones más fluidas.
En la sesión también participó el presidente de la Asociación de
Exportadores (ADEX), Erick Fisher Llanos, quien observó que “en la práctica, el
100 % del territorio nacional -el andino, costero y marino y especialmente el
de la amazonia, que representa el 60 % de nuestro territorio- estaría sometido
a una legislación supranacional”.
Advirtió que se abrirían las puertas a criterios y posiciones externas,
se fomentaría la mala práctica de buscar “la instancia judicial más
conveniente” para un interés particular, se agudizaría los conflictos internos
y nos expondríamos a que iniciativas productivas legítimas sean tratadas como
ilegítimas.
“Estamos de acuerdo con acuerdos internacionales que ayuden a resolver
problemas entre países. Estamos de acuerdo con normas legales para preservar
los derechos humanos. Estamos de acuerdo con compromisos globales para cuidar
el ambiente, porque es un problema que nos concierne a todos”, dijo.
Sin embargo, subrayó que “no estamos de acuerdo con compromisos
internacionales que toman como justificación los derechos humanos y el cuidado
del ambiente, para que nuestra libertad para tomar decisiones económicas, sobre
nuestro territorio pudiera ser socavada”, por ello, solicito a la comisión la
no ratificación del Acuerdo de Escazú.
En la sesión también participó la vocera de la Plataforma Joven Escazú
Ahora, Kiara Ordóñez Olazábal, quien sustentó y defendió su posición a favor
del acuerdo.
Así también presentó su posición, al respecto, la presidenta de la
Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín Gazzani, quien resaltó que
nuestro país cuenta con una legislación robusta en materia ambiental y que la
adhesión podría ser inconstitucional en temas relacionados a la empresa y
atentaría contra la propiedad privada, entre otros.
Antes de concluir la sesión, el congresista Gilmer Trujillo aseguró que la propuesta será materia de un amplio análisis y debate, a fin de llegar a tomar una decisión responsable e informada y con la mayor objetividad, cuidando los intereses del país.
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