ARTÍCULOS Para aprobar leyes que sean técnicas y no perjudiquen a nadie, los congresistas deberían saber o entender normas básicas de finanzas o haber consultado a quienes trabajan en estas áreas. Como se sabe, la CODECO (Comisión de Defensa del Consumidor) aprobó un predictamen que lleva el pomposo nombre “Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros”, iniciativa totalmente populista. Parece beneficiar a los clientes, pero perjudicaría a quienes, precisamente, ayudan a los clientes. Esta norma impone topes a las tasas de interés que establecen las entidades financieras, que de aprobarse por el pleno modificaría la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros; y la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú. Se plantea establecer tasas máximas de interés, regular comisiones y gastos cobrados al consumidor de productos financieros.
Pero,
¿qué olvidaron los miembros de la CODECO? Omitieron que la determinación de las
tasas de interés mantiene tres componentes que no son potestad de cambio de las
entidades financieras y que son:
- Los costos del encaje por los depósitos del público.
- Las tasas de financiamiento de los adeudados y líneas de fondeo.
- Los niveles de riesgo de los clientes.
COSTOS DE ENCAJE
Las
tasas de encaje por los depósitos determinan una menor cantidad de dinero
disponible para generar ingresos para la entidad que los capta, con ello la
real capacidad de generar ingresos sobre estos ahorros se limita hasta en un
40% del monto captado.
TASAS DE FINANCIAMIENTO DE LOS ADEUDADOS
Las
tasas de adeudados y de las líneas de financiamiento se mantienen fijas, la
renegociación de las mismas, en la gran mayoría de los casos, no es posible. La
adopción de nuevas líneas de financiamiento con tasas más baratas es incierta
en este escenario de pandemia.
NIVELES DE RIESGO
Los
niveles de riesgo se determinan por las tasas de provisión (todo crédito lleva
inherente un riesgo de incobrabilidad por múltiples situaciones) y se reflejan
en la estrategia de negocio de las instituciones. Las mayores tasas cobradas se
vinculan a un segmento de mayor riesgo, compensando el modelo costo/beneficio.
Es decir, hay riesgos altos.
En
buena cuenta, el esquema de control de precio, lo que originaría realmente, es
el desincentivo de la intermediación financiera y, sobre todo, la reducción de
la bancarización, considerando que los segmentos no bancarizados y que no
cuentan con información no accederán a financiamiento.
La
miopía que se piensa o quiere actuar, deja de ver el financiamiento informal
que supera el mil por ciento anual con cobranzas por impagos que incluye la vida
de las personas.
El
accionar de cualquier entidad financiera para custodiar los fondos que
depositan sus clientes de ahorro y el colocar adecuadamente ese dinero en
créditos implica, además, el pago a personal administrativo y operativo, de
riesgos, de auditoría (interna y externa), de prevención de fraudes, de
procesos, entre otros. También oficinas adecuadas a la finalidad, tecnología (software
y equipos), comunicaciones, seguridad, custodia, vigilancia, alquileres,
servicios básicos, depreciación, etc.
Se
quiere acaso que florezca la usura que tanto se pretende, supuestamente
controlar. También se hará una ley de esas que nunca se cumplen para la
informalidad al prestar dinero porque la necesidad de recursos hace que sucedan
las cosas.
Promover
una mayor competencia es la solución.
Está
demostrado que países con control de tasas disminuye o paraliza la bancarización,
y el financiamiento informal campea.
CPC Joel Siancas Ramírez es el presidente del directorio de la Caja Sullana. Fue presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y es director de la Cámara de Producción, Comercio y Turismo de Sullana.
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