Se trata del
PL N.° 6133, que modifica el artículo 5 del DU 016-2019, Decreto de Urgencia
para el endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020.
La
iniciativa propone la modificación del “Articulo 5. Monto máximo de las
garantías del Gobierno nacional en el marco de los procesos de Promoción de la
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y sus modificaciones
contractuales”, según señala el dictamen.
Asimismo,
recomienda que se "autorice al Gobierno nacional para otorgar o contratar
garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas,
incluyendo sus modificaciones contractuales, hasta por un monto que no exceda
de 987 millones 639 mil 505 dólares más el IGV o su equivalente en moneda
nacional”.
También, la
propuesta incluye que se faculte al Gobierno nacional a ampliar el monto de la
garantía soberana prevista en el “Contrato de Concesión, Construcción,
Operación y Mantenimiento de Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de
Infraestructura para irrigación de las Pampas Siguas”, con el objeto de asegurar
los pagos correspondientes a la inversión adicional a ser incorporada en la
décimo tercera modificación contractual presentada por el Gobierno Regional de
Arequipa.
La
sustentación del dictamen estuvo a cargo del presidente de la Comisión de
Presupuesto, Humberto Acuña Peralta (APP). “Con este nuevo marco normativo se
atiende la histórica demanda del pueblo de Arequipa. Es para beneficiar a miles
de agricultores”, dijo.
Por su
parte, Rosario Paredes Eyzaguirre –autora de la propuesta– dijo que el destrabamiento
de la mencionada obra, largamente esperada por la población, permitirá la
construcción de centrales hidroeléctricas que generarían 15 mil nuevos puestos
de trabajo. “No existe el marco legal para el otorgamiento de garantías
soberanas. Este endeudamiento lo va cubrir la concesionaria porque el contrato
es entre el gobierno regional y la concesionaria”, observó la legisladora.
Por su
parte, el congresista José Antonio Núñez Salas (PM) indicó que Arequipa está a
favor de que se inicie la segunda fase del proyecto que lleva un retraso de
diez años y tiene doce adendas “lo cual nos hace dudar de la capacidad de
gestión del gobierno regional”, agregó que “no tiene la conformidad de la
Contraloría ni el visto bueno de Proinversión, hoy lo vamos a aprobar y va a
ser observado”, dijo.
A su turno,
el legislador Hipólito Chaina Contreras (UPP) expresó que estamos en un momento
importante para la reactivación de la economía. “Estamos en un momento en que
vamos a decidir una garantía soberana y pensamos que no le cuesta nada al
Estado, que solo es declarativo”, dijo al tiempo de subrayar la “necesidad de
apoyar a muchos proyecto similares que hay en otras regiones porque el recurso
minero se acaba, pero la agricultura perdurará en el tiempo”.
Por su lado,
Napoleón Puño Lecarnaque (APP) señaló que hablar del Proyecto Majes es tratar
de un proyecto emblemático del país. “Hoy se nos presenta una gran oportunidad
de aprobar el seguimiento de la segunda etapa con más con 38 mil hectáreas y
dando trabajo a 76 mil personas”, sentenció.
Por otro
lado, el parlamentario José Ancalle Gutiérrez (FA) observó que la adenda 13 no
se ha firmado, entonces –preguntó– sobre qué vamos a legislar. Agregó que “no
se puede aprobar una garantía sin antes contar con una adenda aprobada, por
eso, nosotros vamos a absteneros”, dijo.
Hay mucha
expectativa en Arequipa, dijo Daniel Oseda Yucra (FREPAP), sin embargo,
–agregó– hay mucho cuestionamiento, porque lo que ha hecho la concesionaria es
pedir y pedir más recursos, y está la expectativa de la población que quiere
que este proyecto avance, observó
Al hacer uso
de la palabra el legislador Cesar Combina Salvatierra (APP) expresó a sus
colegas “votemos por el destrabe del proyecto que le haga ganar miles de
hectáreas de cultivo en favor de la agricultura de esa parte del país”.
Por su
parte, el legislador Diethell Columbus Murata (FP) observó que en el dictamen
no hay opiniones técnicas del Ministerio de Agricultura ni del Ministerio de
Economía, además –dijo– siendo un proyecto específico no se puede legislar con
nombre propio. “La propuesta podría ser observada y además podría tener visos
de inconstitucionalidad”, acotó.
Posteriormente,
fue desestimado el pedido del congresista José Luis Ancalle (FA) de
reconsiderar la votación antes señalada.
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