ACTUALIDAD En respuesta a la
vulnerabilidad a riesgos de desastres por el mal manejo de las cuencas
evidenciado en el último impacto que tuvo el fenómeno del Niño Costero, el
Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que da luz verde a la
inversión privada para el desarrollo de infraestructura, equipamiento y
sistemas orientados a la gestión integral de cuencas. La mediada apunta a
dar viabilidad a inversiones en medidas estructurales y no estructurales como
reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones,
corrección de cauce, medidas en quebradas, muros de contención y presas de
regulación.
También facilitará
encausamiento y escalonamiento, limpieza y descolmatación de drenes, y otras
obras que reduzcan sustancialmente el riesgo sobre poblaciones, terrenos de
cultivo o infraestructura pública y privada en general.
Para este efecto el
proyecto, remitido el pasado 19 mayo, regula un régimen especial para la
participación privada bajo la modalidad de compensación y/o retribución en
terrrenos de libre disponibilidad del Estado.
Según la propuesta,
el mecanismo de promoción funcionaría con la aprobación de la inversión por
parte del Estado a través de la transferencia en propiedad de tierras de libre
disponibilidad aprovechables para actividades agrícolas, pecuarias,
industriales, habilitaciones urbanas, turismo u otros de interés de quién
solicite acogerse a este mecanismo, en compensación por las inversiones
realizadas.
Se aprueba la
inversión privada en zonas bajo el ámbito de intervención de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios. La iniciativa no demandará el uso de fondos
públicos, ni obligaciones de parte del Estado, traslados de riesgos a la
entidad pública, ni generación de pasivos contingentes, salvo la obligación que
corresponda de transferir la propiedad de las tierras a favor del inversionista
privado.
Para asegurar la
sostenibilidad de la inversión, el inversionista deberá garantizar al Estado
que cumplirá con los compromisos de inversión que se estipulen conforme a la
regulación aplicable en estos procedimientos.
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