ACTUALIDAD Los avances, retrocesos y limitaciones en la aplicación del Nuevo Código
Procesal Penal que data del año 2004 y se aplica en la mayoría de los distritos
judiciales del país, con excepción de Lima, fue analizada en el seminario
Realidad y Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, por destacados
magistrados y juristas del país. Las diferencias de visión frente a los resultados obtenidos, las
diferentes interpretaciones de aplicación del Código salieron a relucir en el
evento organizado por el Grupo Especial de Apoyo a la Mesa Directiva encargado
de la Evaluación del Seguimiento y Cumplimiento del Nuevo Código Procesal
Penal, que preside el segundo vicepresidente del Congreso, Mariano Portugal
Catacora.
Al inaugurar el evento, Portugal Catacora afirmó que la capacitación de
los magistrados, de los operadores de justicia que tienen bajo su
responsabilidad la aplicación del nuevo instrumento legal, es una necesidad y
destacó los esfuerzos realizados por el Congreso para cumplir con esta tarea,
materializada en una serie de eventos realizados en Lima y provincias.
Agradeció el apoyo de la Academia de la Magistratura, del Consejo
Nacional de la Magistratura así como del Centro de Capacitación y Estudios
Parlamentarios, en la realización del seminario que contó con la presencia de
cientos de juristas y abogados que se dieron cita en el auditorio de la
Academia de la Magistratura.
Al reseñar el trabajo desarrollado por el Grupo Especial, el congresista
Portugal dijo que ha presentado ocho proyectos de ley para mejorar el Código
Procesal Penal, los mismos que se encuentran para su análisis en la Comisión de
Justicia y otros, que ya están dictaminados, están a la espera del debate en el
Pleno del Congreso.
El primer expositor de la jornada fue el fiscal adjunto de la Primera
Fiscalía en lo Penal, Alcides Chinchay Castillo, quien tocó el tema de “La
importancia del principio de imputación necesaria”, en la que dejó en claro las
diferencias de interpretación que tienen fiscales y vocales acerca de los
métodos y las formas de la presentación de las pruebas de la acusación.
Chinchay Castillo advirtió que esas diferencias provocaron, en numerosos
casos, que los acusados sean liberados porque los jueces consideraron que no se
informó adecuadamente al imputado sobre el delito del que se le acusaba, como
ocurrió con la resolución 956-2011 de la Corte de Ucayali.
Por esa razón, saludó el Acuerdo 7 de la Corte Suprema que declara que
el descubrimiento de los hechos delictivos es progresivo, en cuyo tránsito se
van incorporando las pruebas de la acusación penal. Además reclamó que se
establezca claramente qué tipo de información es exigible al fiscal en cada
momento de la investigación: al inicio, en la fase de formalización y en la
fase final de la acusación.
Por su parte, el juez penal supremo de la Sala Penal Permanente de la
Corte Suprema, José Antonio Neyra, declaró su expectativa porque se aplique el
Nuevo Código Procesal Penal en Lima, tarea para lo que se requiere de fondos y
recursos para la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El vocal Neyra afirmó que el nuevo Código tiene una buena base legal
para enfrentar al crimen organizado y a otras lacras que afectan a la sociedad
y que es necesario avanzar en su aplicación. Con respecto a los
cuestionamientos del fiscal Chinchay Castillo, argumentó que el tema se
resuelve informando al detenido acerca de las razones de la investigación o del
delito del que se le acusa.
En el seminario también se presentaron los juristas Omar Álvarez,
Fernando Ugaz, Eliseo Taboada, César Nakazaki, Mario Rodríguez y el vocal
supremo Duberli Rodríguez, quienes expusieron acerca de los logros y
limitaciones del nuevo Código Procesal Penal.
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